"Los entes instrumentales públicos como agentes rehabilitadores: Implementación de los fondos Next Generation UE y el nuevo Plan de Vivienda 2022-2025" es el título de la Jornada que tuvo lugar el pasado 5 de mayo, organizada por AVS, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). La Jornada se dividió en dos sesiones, que se desarrollaron en Madrid, en la sede de la FEMP, con un formato presencial y también telemático.
Tras la apertura, que corrió a cargo de Carlos Daniel Casares (FEMP), David Lucas (Agenda Urbana y Vivienda del MITMA) y Jerónimo Escalera (AVS), intervino Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo (MITMA), que introdujo el tema de la sesión, “Gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de rehabilitación y regeneración urbana”, y desveló las líneas generales de los fondos europeos Next Generation para la recuperación tras la pandemia del covid-19, la importancia de las cuantías destinadas a la rehabilitación residencial, así como los fundamentos del nuevo Plan de Vivienda 2022-2025. La sesión, en la que intervinieron Antonio Martínez, gerente de Pimesa (Elche) y José Mª López, director-gerente del IMV de Málaga, fue moderada por Helena Beunza, representante en el Comité de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenación del Territorio de Naciones Unidas.
Antonio Martínez, gerente de Pimesa, presentó la experiencia de esta sociedad como ente gestor de la renovación urbana del barrio San Antón, en Elche. Antes de entrar en materia subrayó que la rehabilitación de viviendas tiene entre sus objetivos garantizar el disfrute de un derecho humano y constitucional, y que eso se hace con gestión, mediante las figuras los agentes y gestores de la rehabilitación. “Una buena gestión de los entes instrumentales públicos como agentes rehabilitadores -concluyó Martínez-, resulta esencial para el éxito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Tras detallar la naturaleza de Pimesa, una sociedad mercantil local, cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Elche, y el desarrollo de sus actividades actuales en las áreas urbanística, inmobiliaria y de servicios de movilidad urbana, con proyectos relevantes (Elche Parque Empresarial o o el Polo de Innovación del Campus Tecnológico), se centró en la renovación urbana del barrio San Antón (1.066 viviendas, 80.000 m² de superficie), habitado por una población vulnerable, en una situación de infravivienda. Con un presupuesto protegible de 18 millones de euros, el ARRU permitió realojos en viviendas dignas, con un gran esfuerzo por parte de los vecinos, y la completa transformación de un barrio, en el que se han levantado nuevos edificios con alta certificación energética. En su conclusión, el gerente de Pimesa subrayó que “lo más importante de esta experiencia de gestión pública ha sido poner en el centro de las políticas y actuaciones en materia de vivienda a la ciudadanía y al interés general”.
José Mª López, director-gerente del IMV de Málaga, realizó un repaso a la experiencia de la ciudad en rehabilitación y regeneración urbana durante las dos últimas décadas, sustentada en convocatorias anuales de subvención de 3 millones de euros para rehabilitación, lo que ha supuesto una inversión desde el año 2000 de 77 millones de euros de inversión municipal, que han permitido la rehabilitación de 51.000 viviendas. En cuanto a a los fondos europeos Next Generation y las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, destacó como aspectos positivos la cuantía de las ayudas, la facilidad en la tramitación del entorno de rehabilitación y la posibilidad de alcanzar el 100% de la subvención en el caso de familias vulnerables, entre otros. En el lado negativo, detalló algunas incertidumbres, entre ellas, la referida a la necesidad de realizar una convocatoria para seleccionar el agente rehablitidador. López explicó el modo en que Málaga está abordando esta próxima rehabilitación, con la identificación de los barrios que precisan de la misma como punto de partida. Un diagnóstico de la ciudad que ya ha posibilitado abrir un proceso de presentación de iniciativas dirigidas a los agentes de rehabilitación.
En la segunda parte de la jornada se abordó el papel de “Los gestores públicos instrumentales como agentes rehabilitadores y edificadores”. Enrique Bueso, asesor jurídico de AVS, desglosó el régimen jurídico de las sociedades urbanísticas y otros entes instrumentales, y defendió las razones para su constitución, las relaciones con sus administraciones titulares (Gestión directa de servicios versus Encargo a medio propio), y su capacidad de actuación.
Antes de internarse en el contenido de la ponencia, Bueso realizó un breve repaso de la historia de AVS y de sus actuaciones. En su exposición, se refirió a los modos de gestión de los servicios públicos, al propio concepto de servicio público, y a las sociedades urbanísticas, la tipología recomendada por AVS para la constitución de un ente instrumental, debido a la amplia regulación y extenso objeto de este tipo de sociedades (promoción y gestión de viviendas y de suelo, gestión de servicios implantados, y construcción y gestión de toda clase de equipamientos). El asesor jurídico de AVS también exploró las relaciones jurídicas entre las sociedades y su administración, exponiendo la evolución legislativa y normativa de los modos de gestión propia y de encargo a medio propio, siendo este último un concepto jurisprudencial, con sus requisitos, entre ellos, el de la idoneidad, con las distintas consecuencias e interpretaciones que conlleva.
Por último, Juan Manuel Pérez Mira, asesor económico de AVS y consultor de administraciones públicas, se refirió al régimen económico-financiero de los entes públicos instrumentales, a las relaciones económicas con sus administraciones titulares, y a las especialidades en materia de gestión y control presupuestario, así como de personal. Pérez Mira definió, en primer lugar, las características fundamentales y las diferencias entre la atribución de funciones y el encargo de gestión. Explicitó la regulación del control financiero y las auditorías de las entidades que conforman el sector público local y, en materia de personal, detalló las novedades y cambios aprobados este mismo año, en el que la contratación indefinida se convierte en el modelo ordinario de contratación de personal en el sector público, reduciendo las contrataciones temporales a casos excepcionales.
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