El 29 de julio en Madrid, tuvo lugar una reunión con D. Francisco Fernández Marugán, Adjunto Primero del Defensor del Pueblo. A la misma asistieron; el Presidente de AVS D. Jerónimo Escalera, la Gerente Dª Francisca Cabrera, el Subdirector Jurídico Administrativo de Viviendas de Bilbao D. José Mª Escolástico, el Jefe de Gabinete del Adjunto Primero del Defensor del Pueblo D. Francisco Virseda y el Jefe del Área de Medioambiente y Urbanismo D. José Núñez.
El objetivo de la reunión fue el ofertar la colaboración y apoyo de AVS para la elaboración del informe que están realizando sobre la gestión del parque público de viviendas.
Se les informó que en AVS existe un grupo social que como tema principal trata aquellos aspectos que se derivan de la administración del patrimonio público de viviendas.
Se acordó que a finales de septiembre cuando ya tengan un borrador del informe se mantendrá una nueva reunión para hacerles aportaciones al mismo.
D. Francisco Fernández planteó las distinta problemática con la que se encuentran derivada de las quejas que les llegan. Así pues, el bloqueo de la financiación, las ventas de viviendas sociales con inquilinos, la problemática de los desahucios…
Posteriormente se les pidió apoyo para avanzar en un las siguientes propuestas:
La creación de un SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA PUBLICA. Organismo que con fundamento en los modelos Europeos existentes, coordine, impulse, y sistematice la práctica de vivienda pública en el país. Ajeno al contenido de los Planes de Vivienda, y cercano a la práctica. Este sistema nacional supondría un espacio de encuentro entre los distintos agentes del sector que supusiera un debate y búsqueda de soluciones de los problemas reales.
La necesidad de armonizar disposiciones normativas (artículo 150 CE). Los operadores públicos, con respeto al marco competencial propio de cada administración territorial, somos conscientes de la necesidad de un marco normativo, que perfile las condiciones de necesidad de vivienda, los mecanismos de adjudicación, la coordinación con los servicios públicos de empleo y servicios sociales, así como las garantías de financiación (cobro de rentas), entre otros aspectos.
